Sucre, 6 febr (UC/MSyD).- El no haber asumido las medidas de prevención para la lucha contra el dengue por parte de las autoridades de la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Santa Cruz, entre octubre y diciembre del 2022, ahora están cobrando su factura con el crecimiento exponencial de casos qué sin embargo, están siendo enfrentados por el Gobierno nacional, sostuvo este lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.
“Una Gobernación que tiene un Servicio Departamental de Salud que en ese momento debería estar desarrollando las acciones de prevención contra el dengue, estaba desarrollando otras actividades de carácter político, no vamos a emitir ningún juicio de valor, pero la realidad se impone y ahora tenemos las consecuencias de esa no acción en el departamento en el momento indicado”, dijo el ministro a los periodistas.
Los casos acumulados de Dengue en Bolivia hasta la fecha llegan a 3.507; el departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta, 2.596 en total.
Auza recordó que el SEDES Santa Cruz entre octubre, noviembre y diciembre debería capacitar a su personal, además de realizar acciones inmediatas como la fumigación, eliminación de criaderos de mosquitos, y socialización de medidas de limpieza con la sociedad, para evitar la propagación de la enfermedad como ahora ocurre.
Insistió que el Ministerio de Salud y Deportes envió recomendaciones que se tenían que asumir pero fueron desechadas por la autoridades de ese departamento oriental.
“Todos sabemos cuál era la agenda de Santa Cruz en ese momento, el paro que con justificación o sin justificación ha dificultado las acciones del sistema nacional de Salud”, añadió.
Enfatizó que como Gobierno nacional se realiza las acciones y estrategias como la movilización de más de 5.000 personas que serán replicadas en otros departamentos, primero para evitar un mayor crecimiento de la enfermedad y segundo proteger la salud de la población cruceña.
Pidió a la población del departamento oriental coadyuvar con el trabajo que lleva adelante el Gobierno nacional en coordinación con los municipios para evitar que la enfermedad llegue a una alarma sanitaria.
