La Paz 21 oct (UC/MSyD).- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó que su despacho intervino ante denuncias de hechos de corrupción al interior de la Caja Nacional de Salud (CNS) regional Santa Cruz, donde estarían involucrados tres funcionarios públicos que intentaron realizar cobros de entre 2.000 y 5.000 bolivianos a cambio de un contrato laboral y anunció que se formalizó la denuncia ante la Fiscalía para que se sancione a los responsables de esas irregularidades.
“Informar que el 15 de octubre un equipo de la oficina de la Caja Nacional de Salud ha conocido denuncias de venta de contratos de personal eventual en la regional Santa Cruz. El día 19 hemos formalizado la denuncia en contra de las personas implicadas por cohecho pasivo y usurpación de funciones, se está iniciando una demanda penal al respecto”, expuso en conferencia de prensa.
El titular de salud explicó que el 20 de octubre una comisión de la oficina central de la CNS intervino la regional para tomar conocimiento de esos hechos y según las grabaciones recibidas se cuenta con los números de las personas implicadas, sus cuentas donde presumiblemente se hacían esos depósitos, además de todos los elementos que hacen presumir que se habría consumado esos hechos delictivos que serán procesados penalmente.
Auza sentenció que por ningún motivo o circunstancia se permitirá que profesionales bolivianos sean víctimas de ese tipo de hechos “delincuenciales” que intentan mellar la transparencia de la cartera de Estado que dirige y de la CNS, por ello anunció que se habilitó la línea de WhatsApp 71523392 para que las personas que tengan pruebas denuncien cualquier irregularidad.
“Estamos habilitando una línea institucional, si tenemos algún tipo de prueba esperamos que las denuncias puedan ser presentadas a la línea 71523392, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud y Deportes va a llevar minuciosamente la investigación de todas las denuncias recibidas”, remarcó la autoridad
Pidió a los profesionales que no caigan en ese tipo de “arteras trampas” y a la población boliviana que denuncie cualquier tipo de irregularidad comprobada que detecte.
